15 de agosto de 2011

Anticorrupción denuncia a 16 personas implicadas en la financiación ilegal de la campaña del PP en 2008

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La denuncia ha sido presentada por la Fiscalía Anticorrupciónante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según la Fiscalía Anticorrupción existen razones sólidas para creer que los denunciados cometieron delito electoral durante la campaña para las elecciones del 9 de marzo de 2008.
Todos los denunciados guardan estrecha relación entre sí, los cinco empresarios de la comunidad valenciana, todos ellos contratistas de la Administración autonómica, los cuatro diputados del PP de la misma comunidad y seis de los capos de la mayor red de corrupción de la España moderna, la trama Gürtel.
El delito denunciado consiste en la financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante la última campaña electoral a la presidencia del Gobierno en 2008.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 149 dice: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”. Es el artículo en el que la Fiscalía fundamenta su acusación contra los artífices de aquella campaña electoral financiada al margen de la ley.
Otra causa abierta por el mismo motivo y referente a la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, pesa sobre la cúpula del PP. De esta causa, el juez instructor ha solicitado al Tribunal de Cuentas, informes sobre gastos e ingresos del PP en aquel año.
Las empresas implicadas en la financiación ilegal del PP que denuncia la Fiscalía son: Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf y Enrique Ortiz e Hijos. Estas empresas proporcionaban los fondos necesarios para cubrir los gastos de la campaña del PP a cambio de suculentos contratos con la Administración autonómica en manos del PP.
La forma en que se pretendió camuflar esta fraudulenta forma de financiación, fue la emisión de facturas falsas por parte de Orange Market a las empresas contratistas implicadas, por servicios que nunca se prestaron, ya que el pago que se producía era por la compra de favores de la Administración autonómica en la adjudicación fraudulenta de contratos.
De los casi dos millones de euros que le costó al PP la campaña en la Comunidad Valenciana, al menos un millón fue pagado con dinero del PP de procedencia difícil de explicar o bien con dinero de las cinco empresas contratistas que así pagaban la ’mordida’ que los altos cargos del PP les imponían.
Con esta denuncia de la Fiscalía, las tendenciosas e inexplicables reticencias del Tribunal Valenciano a juzgar a la flor y nata de la corrupción en el partido de Mariano Rajoy, quedan en evidencia. El informe de la Agencia Tributaria emitido el pasado 8 de julio expone con claridad irrfutable que del total del coste de la campaña en la Comunidad Valenciana y que ascendió a 1,78 millones, solo existirían facturas por importe de 612.322 euros. La diferencia, más de 1,1 millones habría sido abonada por dinero negro del PP y por las empresas implicadas en la trama corrupta.


Autor: Victor J. Sanz
Fuente: Tercera Información

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